Limitar el calentamiento global no solo es una cuestión ambiental, sino una decisión económica racional. Diversos estudios concluyen que el coste de no actuar contra el cambio climático supera con creces la inversión necesaria para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y transitar hacia una economía baja en carbono.
Los datos muestran que la inacción climática representa una amenaza directa para la estabilidad económica global, la cohesión social y la competitividad de los sectores productivos.
El Acuerdo de París fija como meta principal limitar el calentamiento global a “muy por debajo de los 2 °C” respecto a los niveles preindustriales, con la aspiración de no superar los 1,5 °C. Sin embargo, muchos estudios económicos siguen utilizando el umbral de 2 °C como referencia, ya que es el escenario con más datos disponibles y proyecciones consolidadas. A pesar de ello, el objetivo de 1,5 °C se mantiene como el ideal, ya que incluso una fracción de grado adicional incrementa significativamente los riesgos para la salud humana, la biodiversidad y la estabilidad de la economía global.
Un estudio publicado en Nature en 2024 estimó que, de mantenerse la trayectoria actual de emisiones, los impactos climáticos reducirán el crecimiento económico mundial en torno a un 20 % hacia 2050. Esta pérdida económica equivale a seis veces el coste de limitar el calentamiento global a 2ºC.
Otro análisis lanzado por Boston Consulting Group, Cambridge Judge Business School y el climaTRACES Lab de la Universidad de Cambridge calculó que permitir un aumento que alcance los 3ºC para el año 2100 podría reducir el PIB global acumulado entre un 15 % y un 34 %. En cambio, contener el calentamiento en 2ºC limitaría los daños a entre un 2 % y un 4 % del PIB. Es decir, una inversión de entre el 1 % y el 2 % del PIB global hoy permitiría evitar pérdidas futuras equivalentes a entre cinco y catorce veces ese coste inicial.
La inacción climática representa una amenaza directa para la estabilidad económica global, la cohesión social y la competitividad de los sectores productivos
A escala global, estos datos se traducen en una factura climática de entre el 11 % y el 27 % del PIB mundial si no se toman medidas contundentes. Dicho coste neto de la inacción equivale a tres veces el gasto sanitario mundial, u ocho veces la cantidad necesaria para que nadie en el mundo viva en pobreza extrema hasta el año 2100.
Los sectores más expuestos incluyen la agricultura, la energía, el transporte y las infraestructuras costeras. Además, los daños no se distribuirán de forma equitativa: los países del sur global sufrirán los efectos más severos pese a haber contribuido históricamente menos al calentamiento.
El coste social del carbono (CSC) es una manera de ponerle precio al daño que causa la contaminación por CO2. Es decir, calcula cuánto dinero nos cuesta a todos, como sociedad, cada vez que se libera una tonelada extra de CO2 a la atmósfera.
Los científicos han hecho muchos cálculos y, aunque los resultados varían, todos coinciden en que el daño real es mucho mayor que lo que se paga actualmente por contaminar. Por ejemplo, un estudio publicado en Nature estimó que el daño económico que causa emitir una tonelada de CO2 a la atmósfera es, de media, de unos 185 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada tonelada de CO2 que se emite, el mundo sufre pérdidas económicas por ese valor (por ejemplo, por impactos en la salud, la agricultura, catástrofes climáticas, etc.).
Ese daño real podría ser mayor o menor, y se estima que puede estar entre 44 y 413 dólares por tonelada, según diferentes escenarios. Estas estimaciones se calcularon a través de un modelo científico llamado Greenhouse Gas Impact Value Estimator (GIVE), que tiene en cuenta los últimos avances en ciencia climática y economía.
Por otra parte, los efectos del cambio climático amplifican desigualdades preexistentes y generan nuevas brechas sociales. Las personas con menos recursos económicos, las comunidades más vulnerables y los territorios periféricos son quienes sufren con mayor intensidad las consecuencias de fenómenos extremos como olas de calor, sequías o inundaciones.
Los efectos del cambio climático amplifican desigualdades preexistentes y generan nuevas brechas sociales
Según datos de la Organización Mundial de la Salud, entre 2030 y 2050 el cambio climático podría causar aproximadamente 250.000 muertes adicionales cada año por malnutrición, enfermedades infecciosas y estrés térmico. Estos impactos recaerán de forma desproporcionada sobre países en desarrollo y poblaciones urbanas sin acceso a infraestructuras adecuadas.
La transición energética, si no se implementa con criterios de justicia social, podría incrementar estas desigualdades. Según el Foro Económico Mundial, el acceso desigual a financiación y tecnologías limpias está ampliando la brecha entre regiones y entre sectores económicos.
Para los sectores industriales intensivos en energía, el riesgo de pérdida de competitividad debido a regulaciones climáticas es un argumento habitual para frenar la acción climática. Este fenómeno, conocido como “fuga de carbono” se produce cuando empresas trasladan su producción a países con normas medioambientales más laxas.
La Unión Europea ha respondido a este riesgo con la creación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM, por sus siglas en inglés), que grava las importaciones según su huella de carbono para garantizar una competencia equitativa y evitar la deslocalización. Este mecanismo, en fase de implementación, pretende garantizar que el precio de las emisiones se refleje de forma coherente en la cadena global de valor.
La acción climática es una decisión racional desde el punto de vista económico
No obstante, el verdadero riesgo para la competitividad a medio y largo plazo no es la regulación climática, sino la falta de adaptación. Las industrias que no inviertan en eficiencia, electrificación y descarbonización corren el riesgo de quedar obsoletas en un mercado cada vez más orientado hacia la sostenibilidad.
La evidencia empírica y los modelos económicos coinciden: la acción climática es una decisión racional desde el punto de vista económico.
No actuar hoy supone asumir una deuda impagable para las generaciones futuras. Una inversión sostenida en mitigación y adaptación podría evitar daños equivalentes a varios billones de dólares. Además, permitiría crear empleo, modernizar sectores estratégicos y reducir vulnerabilidades sociales y ambientales.
